Una maestra y sus dos auxiliares están siendo investigadas por supuestamente haber encerrado a un niño sin comida hasta que el pequeño comenzó a comer sus propias heces y orina.
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El hecho ocurrió en la escuela primaria Bonnie P. Hopper, situada en el Distrito Escolar Independiente de Liberty en Texas, Estados Unidos.
Según reseña The Mirror, el maltrato al menor fue en el 2021. La investigada es la maestra Melody LaPointe, de 47 años, su auxiliar Tarah Tinney, de 33, y Augusta Costlow, de 27 años.
Lo más sorprendente es que tras la apertura de la investigación, LaPinte siguió dando clases en la escuela, lo que despertó el miedo por parte de los padres, quienes temen enviar a sus hijos a la institución.
Las auxiliares o asistentes fueron puestas en licencia administrativa.
El referido portal publicó que la primaria hizo público el caso en un correo electrónico que envió a los padres y representantes.
“En un esfuerzo de total transparencia, queremos informar a nuestras familias sobre un incidente que ocurrió ayer durante el despido. Un maestro de la escuela primaria Bonnie P. Hopper fue arrestado ayer por agentes del condado de Liberty. La causa del arresto ocurrió en el condado de Liberty y no está afiliada con Goose Creek CISD de ninguna manera”, dice el mensaje de las autoridades de la primaria.
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Pese al proceso judicial, la maestra tenía goce de sueldo.
Goose Creek CISD optó por no emitir más comentarios hasta que las autoridades legales determinen las sanciones correspondientes.
“Queremos asegurarles a nuestras familias que la seguridad de sus hijos es nuestra principal preocupación. Les agradecemos su continuo apoyo a nuestro campus y nuestro distrito”, dijo la institución en líneas reseñadas por The Mirror.
Maestra implicada tenía antecedentes
El portal británico notificó que la Agencia de Educación de Texas reveló que la maestra LaPointe tenía un amplio antecedente de investigación.
Como era de esperarse, los padres expresaron su rabia y preocupación porque la mujer siguió dando clases y gozando de su sueldo. Además, exigieron una explicación del por qué no investigaron los antecedentes de la docente antes de contratarla.
Reclamaron el por qué tienen que enviar a sus hijos a un lugar donde se suponen deben protegerlos y no lo hacen. Sin embargo, la escuela se defendió alegando que fueron ellos quienes denunciaron el caso ante las autoridades judiciales y activaron el proceso contra las educadoras.
