MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
De comprobarse esta conducta, la Superintendencia podrá imponer multas de hasta de 116.000 millones de pesos (27,8 millones de euros) por cada infracción a las empresas involucradas.
A las personas que hubieran colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas anticompetitivas, se les podría sancionar con hasta 2.320 millones de pesos (557.000 euros).
Estos agregadores facilitan a los consumidores colombianos acceder a productos y servicios de comercios extranjeros, al permitir realizar el pago en pesos colombianos y elegir el número de cuotas al que quieren diferir su pago.
Se trata, por lo tanto, de un modelo de negocio menos costoso para los consumidores al compararlo con el que sería ofrecido con la intervención de Visa y Mastercard.
Así, de acuerdo con la SIC, la estrategia de Visa y Mastercard habría consistido en dos actuaciones. En primer lugar, crear un programa propio para reemplazar el modelo de negocio empleado por los agregadores de pagos, el cual les habría generado mayores costes, lo que, en consecuencia, habría comprometido su permanencia en el mercado.
En segundo lugar, el envío de una serie de comunicaciones a distintos bancos con el presunto propósito de impedir que mantuvieran relaciones comerciales con los agregadores de pagos que no se acogieran a sus programas. Como los bancos serían aliados indispensables para los agregadores de pagos, las comunicaciones que enviaron Visa y Mastercard habrían sido idóneas para impedir que los agregadores continuaran en el mercado.
Las estrategias desarrolladas por Visa y Mastercard también habrían desalentado el uso de modelos alternativos en el comercio electrónico, lo cual afectaría el bienestar de los consumidores.