QUITO (AP) — Las fuerzas armadas de Ecuador anunciaron el miércoles que 329 personas fueron detenidas y otras cinco fueron abatidas por la fuerza pública en el marco de la vigencia de la declaratoria de conflicto armado interno, suscrito el día anterior por el presidente Daniel Noboa para hacer frente a una imparable espiral de violencia criminal.
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El jefe del comando conjunto, almirante Jaime Vela, en rueda de prensa, dijo que en operaciones conjuntas de fuerzas armadas y policía en todo el territorio nacional también fueron rescatadas 41 personas que permanecían como rehenes, que se han recapturó a 28 presos fugados, para lo cual los uniformados se han enfrentado a tres grupos que las autoridades califican de terroristas.
"Las operaciones militares que hemos realizado en las que hemos logrado capturar y neutralizar a terroristas, lo hemos hecho con nuestro personal de inteligencia”, aseveró. Los detenidos pertenecen a los grupos Tiguerones, Lobos y Choneros, dijo.
Aclaró que un militar está herido por una acción no vinculada con los enfrentamientos a delincuentes, pero que en la policía hay dos muertos y un herido en estado crítico por heridas de bala.
Hace poco menos de un mes, las autoridades habían señalado que se ha identificado a 119 cabecillas de bandas criminales a los cuales se señaló como objetivos de alto valor.
Este primer informe se produce mientras equipos de militares y policías mantenían custodia de infraestructura estratégica y algunos medios de comunicación en Quito y Guayaquil cuando Ecuador intentaba recobrar la normalidad un día después que el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró el inicio de un conflicto armado interno contra grupos criminales.
En declaraciones a la radio privada Canela, el mandatario dijo que el país atraviesa un momento muy duro y que con firmeza su gobierno está “luchando por la paz y contra grupos terroristas", que —dijo— integran más de 20.000 miembros. Advirtió a jueces y fiscales que dan ayuda a las bandas criminales que también serán procesados como parte de la “red terrorista”.
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Un juez dictó el miércoles la orden de prisión preventiva para once de los trece detenidos encapuchados que la víspera ingresaron armados al canal TC Televisión, con lo cual aceptó el pedido de Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos por el delito de “terrorismo”. La boleta dispone su traslado a la Penitenciaría del Litoral.
Sobre dos menores de edad de 15 y 17 años, tendrán que cumplir un “internamiento preventivo”.
En la mañana el general Víctor Herrera, comandante de Policía de la zona 8 que incluye a Guayaquil, la ciudad costera considerada como la más violenta del país, indicó que cinco más fueron detenidos en en los exteriores por lo cual se coordina con Fiscalía su procesamiento por actos “de terrorismo”.
En tanto, el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó el miércoles que 125 agentes de seguridad penitenciaria y 14 trabajadores administrativos permanecen retenidos desde el lunes en las cárceles de cinco provincias.
El viceministro de Gobierno, Fernando Torres, dijo a los medios que están actuando para que “salgan sanos y salvos sin ceder ante ningún solo delincuente”. Ante ello, Vela aseveró que la Secretaría de Atención a Personas de Privadas de la Libertad, ha asegurado que no hay agentes penitenciarios muertos, desmintiendo el contenido de reiterados vídeos que circulan en las redes sociales.
“El país está en relativa calma”, aseguró a periodistas el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, a su arribo temprano junto con otros funcionarios a la sede presidencial donde se reúnen altos funcionarios del gobierno y del cuerpo diplomático. Al menos unos 700 militares resguardan la zona.
Ecuador está viviendo por primera vez “un momento de unidad”, en el que el enemigo del Estado “es el crimen organizado”, señaló Izurieta.
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habló con el embajador de Ecuador ante la ONU, José De La Gasca, el miércoles por la mañana manifestando que “está alarmado por el deterioro de la situación en el país, así como por el disruptivo impacto que ha tenido en las vidas de los ecuatorianos”, dijo el portavoz Stéphane Dujarric. “El secretario general condena enérgicamente estos actos criminales de violencia que hemos visto y envía un mensaje de solidaridad al pueblo ecuatoriano”, agregó Dujarric.
Sin embargo, el ambiente era incierto y había temor en el país de casi 18 millones de habitantes. Buena parte de los ciudadanos se resguardaron el miércoles en sus casas para evitar eventuales actos de violencia mientras en las calles circulaban patrullas de la policía y el ejército.
El decreto del gobierno de Noboa, difundido poco después de la toma violenta del canal de televisión, permite un despliegue más amplio de militares en todo el país para combatir a una veintena de bandas del crimen organizado, ahora consideradas como organizaciones terroristas.
Soldados con armas largas amanecieron custodiando el recién inaugurado metro en Quito, hospitales y algunos medios de comunicación en la capital y en Guayaquil, a donde llegaron incluso en tanquetas.
En la capital, varias alertas se produjeron durante la jornada por la colocación de artefactos explosivos especialmente en dos vehículos que la policía logró anular con una “explosión controlada”, además en un puente peatonal y cerca de una cárcel. Ninguno dejó víctimas o heridos, confirmaron las autoridades policiales.
En las calles de las principales ciudades también se observaba poco tráfico vehicular, con muchos comercios cerrados y sin estudiantes debido a que las clases presenciales fueron suspendidas en todos los niveles de educación hasta el próximo viernes.
Muchos empleados públicos y privados optaron por realizar trabajo telemático ante la crisis de seguridad y luego de una jornada con una treintena de actos violentos que se generaron tras el estado de emergencia decretado por el gobierno el lunes después de la aparente fuga de un peligroso líder de una banda de narcotraficantes de una prisión.
El paradero de Fito seguía siendo un misterio. Noboa aseguró que “estamos en una cacería activa”, así como también de Fabricio Colón Pico, otro líder regional de otra banda, Los Lobos, quienes “serán procesados por terrorismo”.
El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dijo el miércoles a The Associated Press que ese episodio violento en el canal de televisión revela que los medios de comunicación "son estratégicos y un objetivo de los grupos criminales”, pues a “su acción terrorista directa” se suma “la operación de una guerra psicológica”, que busca crear miedo, zozobra y caos.
Por ello pidió al Estado “que se preserve la vida e integridad de los trabajadores, periodistas” y se proteja las instalaciones de aquellos con alto nivel de riesgo.
La violencia en el país andino emergió con fuerza a inicios de 2021 con una masacre en una cárcel producto de choques entre bandas criminales y del narcotráfico rivales, a la que sucedieron otras matanzas carcelarias y un incremento sin precedentes de la violencia y los homicidios en las calles.
Los Choneros y otros grupos similares ligados a los cárteles mexicanos y colombianos se enfrentan por el control de las rutas del narcotráfico y el territorio, incluyendo dentro de los centros de detención, donde más de 450 reos han muerto desde 2021, de acuerdo con las autoridades.
Algunos ecuatorianos, hartos de la inseguridad, respaldaban los decretos de Noboa. Humberto Poggi, de 50 años y residente de Guayaquil, en declaraciones a la AP, afirmó que el gobierno “debe poner más mano dura. No tener ninguna piedad, condescendencia ni derechos humanos para los delincuentes”.
Consideró que el país tiene que apoyar esa medida y llamó a las autoridades a replicar la política de El Salvador de “no dar de comer a los presos de las cárceles. Esta situación se ha salido de control. Y es por la falta de medidas extremas”. Aludió al fuerte combate que realiza el presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, contra las pandillas.
Noboa, de 36 años, asumió a fines de noviembre para culminar el periodo presidencial de Guillermo Lasso en un país que ya se desangraba en las prisiones y en las calles, y que días antes de celebrarse las pasadas elecciones sufrió el asesinato de un candidato presidencial.
