NOM PEN, Camboya (AP) — Diez miembros de un grupo ecologista camboyano que hizo campaña contra proyectos de infraestructura destructivos y presunta corrupción fueron condenados el martes a seis años de prisión cada uno, acusados de conspirar contra el Estado.
Tres de los miembros de Mother Nature Camboya fueron sentenciados a otros dos años adicionales por insultar al rey, Norodom Sihamoni.
Solo cinco de los acusados asistieron al proceso y los demás fueron juzgados en ausencia. Entre ellos había cuatro camboyanos que están en paradero desconocido y Alejandro González-Davidson, un ciudadano español cofundador del grupo y que fue deportado en 2015 y tiene prohibido regresar al país.
Los cinco que estaban presentes fueron detenidos en el exterior de la corte tras la lectura del fallo y las sentencias. Habían marchado hasta el tribunal municipal de Nom Pen acompañados por seguidores, vestidos con la ropa blanca que tradicionalmente se utilizan en los funerales para representar, según dijeron, la muerte de la justicia en Camboya.
El grupo camboyano de derechos humanos Licadho calificó el veredicto de “muy decepcionante”.
“Hoy, la corte ha dictaminado que los jóvenes activistas que luchan por la protección del medio ambiente y de los principios democráticos están, en realidad, actuando contra el Estado”, apuntó. “Es asombroso que las autoridades camboyanas condenen actividades de jóvenes que abogan por agua limpia en Nom Pen, por proteger los manglares de Koh Kong y advierten contra la privatización de terrenos en zonas protegidas, y lo presenten como un ataque contra el Estado”.
Mother Nature fue el coganador el año pasado del Premio Right Livelihood, llamado a veces el “Nobel alternativo”, entregado por una fundación con sede en Estocolmo a colectivos y personas que trabajan para “proteger la dignidad y el modo de vida de comunidades en todo el mundo.
Fundado en 2012, el gobierno lo eliminó del registro de ONGs en 2017, pero sus miembros prometieron seguir adelante con su trabajo, y algunos han pasado por prisión en los últimos años.
Human Rights Watch, con sede en Nueva York, acusó el mes pasado a las autoridades camboyanas de juzgar a los activistas por cargos con motivaciones políticas “para acallar las críticas a las políticas gubernamentales”.