IBIZA, 21 (EUROPA PRESS)
La investigación se inició a raíz de varias denuncias de ciudadanos extranjeros que manifestaban haber sido víctimas de una estafa relacionada con la venta de citas previas para la realización de trámites de extranjería. En todos los casos, los afectados pagaron por una cita que luego comprobaron que no existía.
Al parecer, los detenidos ofertaban las citas a través de un canal de una aplicación de mensajería instantánea y de un perfil en una conocida red social.
Cuando las víctimas solicitaban información --y haciendo uno de los arrestados de gancho--, se les facilitaba un número de teléfono y, por mensajería instantánea, se concretaban las condiciones de pago así como la fecha y el lugar de la cita.
El pago de la cita, cuyo precio en ningún caso era inferior a 50 euros, se realizaba mediante transferencia bancaria. Una vez cobrado, los solicitantes recibían la confirmación de la cita, si bien cuando se personaban en las correspondientes oficinas de extranjería comprobaban que dichas citas no existían.
El perfil de las víctimas corresponde a personas extranjeras con la necesidad de realizar trámites de extranjería --como solicitud de protección internacional, toma de huellas para el N.I.E. o solicitud de certificados de ciudadanos de la Unión-- y a las que, ante la imposibilidad de lograr una cita por los cauces oficiales, la desesperación les llevó a pagar por un servicio público que es, en todo caso, gratuito.
Por otra parte, los investigados cobraban entre 50 y 90 euros por cita y las ofertaban para casi todas las provincias de España. Por este motivo, hay más de un centenar de víctimas repartidas por todo el territorio nacional.
En el marco de la investigación, iniciada hace más de un año, los agentes han realizado un registro en un municipio de la provincia de Valencia, en el que han intervenido 7.290 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos desde los que manejaban el negocio, y documentos detallados de la venta de las citas.
Asimismo, han arrestado a dos hombres por la presunta comisión de los delitos de daños informáticos y estafa, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.