SANTIAGO DE COMPOSTELA/CUENCA, 1 (EUROPA PRESS)
Las víctimas eran captadas en sus países de origen y trasladadas a España, donde eran forzadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda de 7.000 euros contraída con sus explotadores, que llegaron a vender a alguna de estas mujeres a otros entramados criminales por cantidades próximas a 1.000 euros.
De ello ha informado la Policía Nacional, encargada de una investigación que ha contado con la colaboración de Europol y que se ha desarrollado en varios puntos de España con registros domiciliarios en las provincias de Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla. Seis de los arrestos se produjeron en Galicia, cinco en Ourense y uno en A Coruña; además de otros tres en las provincias de Burgos, Cuenca y Madrid.
La investigación arrancó a raíz de una información que alertaba de la llegada a España de una presunta víctima de trata de seres humanos que había sido captada en su ciudad natal por una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres.
A partir de esto, las pesquisas policiales lograron localizar a la víctima y confirmar la existencia de esta red, que operaba en varias provincias donde explotaban a las mujeres en pisos que funcionaban como prostíbulos.
Las víctimas se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad, de la que se aprovechaban sus explotadores, quienes les proporcionaban reservas de hotel en Madrid, un seguro médico y un vuelo de vuelta para figurar ante las autoridades como si fuesen turistas en España.
Además, recibían instrucciones sobre cómo comportarse en la frontera para no levantar sospechas. De allí, se les trasladaba a los pisos controlados por este grupo criminal, repartidos por varias provincias y por los que se movían las mujeres siendo explotadas sexualmente durante todo el día a cambio del 50% del precio que pagaban los clientes.
Además, la Policía Nacional ha determinado que la red vendía a las mujeres a otros entramados dedicados a la explotación sexual por precios que oscilaban los 1.000 euros. Los nueve detenidos en la operación se enfrentan a delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento a la inmigración ilegal.
En los registros domiciliarios llevados a cabo en Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla se han intervenido ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y diversa documentación relevante para la investigación.