CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Con apenas tres semanas en el cargo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha heredado un torbellino de violencia que, en opinión de muchas personas, fue provocado por la política de su predecesor de no confrontar a los cárteles de la droga y de usar al ejército para tareas de seguridad pública.
Sheinbaum, que asumió el cargo el 1 de octubre, preferiría estar hablando sobre el plan del gobierno para hacer que los jueces sean elegidos por voto popular.
Pero ha tenido que lidiar con el asesinato de seis migrantes a manos del ejército el mismo día que asumió el cargo, y con la muerte de tres personas en la ciudad norteña de Nuevo Laredo 10 días después. Estas últimas fueron abatidas por elementos del ejército y de la Guardia Nacional que perseguían a presuntos miembros de bandas narcotraficantes.
La tercera semana de Sheinbaum en el cargo culminó con el asesinato de un sacerdote católico que había sido amenazado por pandillas, y con un desigual enfrentamiento en el norte de Sinaloa en el que soldados mataron a 19 presuntos miembros de cárteles sin sufrir un solo rasguño. Eso evocó abusos de derechos humanos pasados, como un incidente ocurrido en 2014 en el que varios soldados mataron a cerca de una docena de presuntos miembros de un grupo delictivo que ya se habían rendido.
“Es muy decepcionante y oscuro hacia adelante”, señaló Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. “Todo muy descompuesto, y en vez de que se atiendan esas prioridades, todo el capital político se está dilapidando en una reforma judicial que generará más problemas que soluciones”.
Sheinbaum ha dicho que todos los incidentes están siendo investigados, pero sólo ha hablado de ellos por unos minutos en sus primeras tres semanas en el cargo, en comparación con las horas que ha dedicado a encomiar las virtudes de la reforma judicial. Afirma que la elección de jueces remediará la corrupción.
Pero los críticos observan que el problema real no es que jueces corruptos liberen a sospechosos, sino el hecho de que la policía civil y los fiscales carecen de recursos y formación suficientes, hasta el punto que más de 90% de los delitos nunca llegan a un tribunal.
El predecesor y mentor político de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador —que dejó el cargo el 30 de septiembre—, decidió convertir a las fuerzas armadas en pieza central de su estrategia de seguridad y renunciar al lento pero constante trabajo de reformar a la policía y al poder judicial para erradicar la corrupción.
Sheinbaum prometió continuar todas las políticas de López Obrador, incluida la estrategia de “abrazos, no balazos”, que implica no hacer frente a los cárteles del narcotráfico, sino agotar la posible reserva de reclutas mediante becas y programas de capacitación laboral.
López Obrador no logró reducir significativamente la históricamente alta tasa de homicidios de México, pero el carismático expresidente tenía talento para presentarse a sí mismo como víctima, restando importancia a los incidentes pasados y calificando los reportes de prensa sobre la violencia como “sensacionalismo” que tenía la intención de desprestigiarlo.
Pero desde el 1 de octubre, los abusos han ocurrido tan rápidamente que Sheinbaum no ha tenido el carisma ni el tiempo para restar importancia a los incidentes. El jueves, un cártel hizo estallar casi simultáneamente dos coches bomba en el estado de Guanajuato, lesionando a tres policías.
“Es una prueba del crimen para ella y el nuevo gobierno”, reconoció Juan Ibarrola, analista militar cercano a las fuerzas armadas.
Es innegable que los cárteles del narcotráfico en México están fuertemente armados y pretenden dominar la región. La incógnita de cómo responder a ese desafío ha dejado perplejos a cuatro sucesivos gobiernos en México.
“Es desafortunado, pero es necesaria la violencia por parte del Estado mexicano” para superar el reto, señaló Ibarrola.
Y como para ejemplificarlo, el viernes, el principal funcionario civil de seguridad, Omar García Harfuch, relató un ataque masivo que duró varias horas y fue perpetrado el jueves por hombres armados pertenecientes a los cárteles, que viajaban en 16 vehículos — algunos de ellos blindados—, en el estado de Guerrero, en el sur del país.
García Harfuch dijo que los atacantes utilizaron ametralladoras, explosivos y rifles de francotirador de calibre .50 en su enfrentamiento con soldados y policías.
De nueva cuenta, la cifra de muertos fue desigual: 17 sospechosos y dos policías murieron. Pero el Ejército —que actualmente está cargo de la cuasimilitar Guardia Nacional, el principal organismo del orden público del país— parece estar reaccionando a tres semanas de mala prensa casi incesante.
La Secretaría de la Defensa Nacional rápidamente difundió fotos de agujeros de bala en vehículos del Ejército, e hizo énfasis en que tres soldados resultaron heridos en el combate.
La ciudad de Nuevo Laredo, limítrofe con Laredo, Texas, es quizás el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando una estrategia de seguridad encabezada por militares se enfrenta a un cártel fuertemente armado. Fue ahí donde los tres civiles, entre los que había una enfermera y una niña de 8 años, murieron al ser baleados por efectivos de las fuerzas de seguridad en incidentes separados, el 11 y el 12 de octubre.
Raymundo Ramos, director de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización no gubernamental, ha luchado durante años para obtener justicia por la muerte de civiles a manos de fuerzas militares en ese lugar.
Cuando se le preguntó sobre los incidentes ocurridos en octubre en otras partes de México, como el estado norteño de Sinaloa, donde se registran enfrentamientos entre cárteles rivales, Ramos dijo temer que la táctica militar de “disparar primero y preguntar después”, que se ha usado en Nuevo Laredo, se extienda a todo el país.
“Es la misma forma de operar que en Nuevo Laredo”, dijo Ramos. “Es la misma instrucción en todo el país, además de no dejar testigos, los muertos no hablan”.