BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)
La trayectoria debe garantizar que, al final del periodo de ajuste, la deuda pública esté en una senda descendente o se mantenga por debajo del 60% del PIB a medio plazo y que el déficit no supere el umbral del 3% del PIB que exigen las reglas fiscales de la UE, reactivadas tras cuatro años congeladas por la pandemia.
En su plan, el Gobierno prevé que la deuda baje del 102,5% en 2024 al 98,4% en 2027, aunque seguirá por encima del 90% en 2031, cuando finalice el periodo de ajuste. De este modo, recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, aunque no especifica cuándo se logrará reducir la deuda por debajo del umbral del 60%.
En base a estos compromisos, Bruselas considera que el plan de España cumple los requisitos del nuevo marco fiscal al establecer una trayectoria "creíble" para garantizar una senda descendente "continuada" de la deuda.
Además, el Ejecutivo comunitario cree que España cumple los criterios para justificar una prórroga del periodo de ajuste de cuatro a siete años --al igual que Finlandia, Francia, Italia y Rumanía-- en base a reformas como la del sistema de visados de trabajo y búsqueda de empleo.
En cuanto al déficit, la Comisión mantiene que España cerrará 2024 con un 3%, pero advierte de que corre el riesgo de incumplir la reducción déficit comprometida en su plan de ajuste, ya que las previsiones económicas de Bruselas auguran un 2,6% para 2025, una décima por encima del 2,5% que recoge el plan, y un 2,7% para 2026, superando en seis décimas el 2,1% del compromiso adquirido.
Bruselas se basó en la garantía de que España acabará el año en el 3% para salvar al Gobierno de un expediente por déficit excesivo pese a terminar 2023 con un 3,5%, cinco décimas por encima del umbral que exigen las reglas fiscales.
Sin embargo, la Comisión sí abrirá un procedimiento de déficit excesivo a Bélgica, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Malta, Polonia y Rumanía, que serán objeto de medidas correctivas.
Ahora, el Consejo debe aprobar los planes y, tras obtener su visto bueno, la Comisión deberá controlar si los Estados miembro respetan los compromisos adquiridos durante todo el período cubierto por el plan, para lo que las capitales deberán presentar informes anuales de situación.