MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Así, la formación quiere saber qué medidas manea el Gobierno para mejorar la recuperación y protección del patrimonio histórico y arqueológico estatal expoliado o en peligro de serlo.
También pregunta si tiene pensado elaborar un informe que establezca de forma específica y actualizada la cantidad, principales ubicaciones y tipos de yacimientos afectados, así como el valor histórico del expolio cometido en una etapa de tiempo significativa.
Sumar además insta al Gobierno a explicar si maneja algún dato concreto o conjunto de datos significativos que permitan conocer con seguridad o cierta profundidad si los delitos de este tipo han aumentado, disminuido o permanecen estables en los últimos años.
"¿Considera el Gobierno que las distintas unidades y grupos dedicadas a la persecución de este tipo de delitos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan tanto con las dotaciones de personal como con los medios materiales necesarios para realizar su labor de la manera más adecuada?", cuestiona el grupo parlamentario.
Para Sumar, uno de los principales problemas de los delitos contra el patrimonio arqueológico es que los investigadores "pueden conocer la procedencia de la pieza expoliada pero no su lugar de procedencia".
En este punto, destaca que, según el informe 'La Investigación Criminal del Expolio Arqueológico' del miembro de la Guardia Civil José Antonio Guasch Galindo, "no solo son simples aficionados a la arqueología quienes se dedican a recopilar objetos y piezas terrestres o acuáticas, sino que también son grupos organizados que se dedican específicamente al expolio de los yacimientos arqueológicos para su propio beneficio económico".
A pesar de ello, Sumar advierte de que "es muy difícil encontrar informes detallados que valoren en su conjunto la evolución de las distintas investigaciones que se lleven a cabo, el alcance y la evolución tanto numérica como de la importancia y calidad del patrimonio histórico afectado".