MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
De este modo, la Cámara Baja insta al Gobierno a "reconocer, fomentar y defender" el papel de la evidencia científica como base para la formulación de políticas públicas de todo tipo y, muy especialmente, de aquellas destinadas a la protección y respuesta ante situaciones de alerta.
Asimismo, reclama al Ejecutivo que procure el acceso universal a la información como uno de los elementos sustanciales en las medidas de preparación ante emergencias y, en especial, para los sistemas de alerta temprana y seguimiento, así como a seguir fomentando el uso de los instrumentos de alertas en casos de riesgos que puedan provocar daños graves a la ciudadanía, como el sistema ES-Alert.
La proposición no de ley pide que se utilicen los medios legales para proteger los servicios públicos de ataques como campañas de descrédito basadas en informaciones falsas y amenazas a las personas que desarrollan su labor profesional en estos servicios, y perseguir a quienes fomentan la desinformación y que con ello ponen en riesgo a personas y bienes.
Por último, insta al Gobierno a combatir los discursos negacionistas del cambio climático por su peligrosidad y a desarrollar programas de concienciación y preparación entre la población general.
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Andreu Martín ha subrayado que la iniciativa aprobada incide en el uso de dicha evidencia en la previsión y el seguimiento de los riesgos de las catástrofes naturales, como por ejemplo por la dana, con el fin de "reducir los riesgos y daños que puedan provocar".
En estos tiempos de mensajes de "descrédito y desinformación" respecto a los avances de la ciencia y de los organismos que la gestionan, el parlamentario ha enviado un mensaje claro a la sociedad: "La ciencia protege y salva. La desinformación y el negacionismo hacen a las personas y a las sociedades más vulnerables".
DEFENSA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO
Por otro lado, la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades ha aprobado otra proposición no de ley del PSOE relativa a la defensa del sistema universitario público.
Así, el Congreso traslada al Gobierno que sigua "combatiendo la infrafinanciación y la precariedad en el sistema universitario español mediante medidas que garanticen la estabilidad y suficiencia de los presupuestos universitarios".
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y diputado por León, Javier Alfonso Cendón, ha asegurado que "defender la universidad pública es sinónimo de defender el progreso, el conocimiento y la igualdad de oportunidades".
El diputado ha resaltado que "frente al avance del modelo privatizador que prospera en algunas Comunidades -como está ocurriendo en Madrid- y que prioriza el beneficio económico por encima de la calidad o el derecho a la educación, los y las socialistas apostamos por una universidad pública fuerte como garantía de un país más justo, innovador y próspero", y ha lamentado que "el deterioro del sistema universitario público no es casual, es la consecuencia directa de años de recortes y decisiones políticas que han favorecido una privatización encubierta".
En consecuencia, ante la situación "insostenible e injusta" por la que atraviesan algunos centros universitarios públicos, y que "no solo compromete la calidad educativa, sino que frena su capacidad para retener y atraer talento", los socialistas apuestan en el texto aprobado por "seguir combatiendo la infrafinanciación y la precariedad en el sistema universitario público español mediante medidas que garanticen la estabilidad y suficiencia de los presupuestos universitarios y la mejora de las condiciones de profesores e investigadores".
"Con la LOSU y el 'Programa María Goyri', avanzamos hacia un sistema más justo y sostenible. La universidad pública no se mercantiliza, se protege", ha concluido el diputado socialista.
Además, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha sacado adelante una proposición no de ley relativa a la financiación de las universidades públicas españolas.
La iniciativa de Sumar insta al Gobierno a impulsar un plan estatal plurianual de financiación para las universidades públicas españolas, que contemple un aumento progresivo de recursos en colaboración con las comunidades autónomas.