MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
En concret, estas ayudas, convocadas mediante resolución del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) el pasado 8 de abril, se han aprobado 25 proyectos de 38 solicitudes presentadas inicialmente, pertenecientes a 13 entidades diferentes.
El importe concedido, que está cofinanciado en un 53% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), cubre hasta un 50,16% de los gastos subvencionables para las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP) y un 30,09% para las entidades mercantiles asociadas participadas mayoritariamente por ellas.
Agricultura ha precisado que esta convocatoria representa la última del periodo de programación 2014-2020, durante el cual, dentro de la submedida 4.2, se han apoyado 253 proyectos con ayudas por valor de 186,4 millones de euros ya abonados, mientras que otros 64,6 millones de euros están pendientes de ejecución.
Estas ayudas están dirigidas a promover inversiones que mejoren la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, impulsando estructuras empresariales de economía social más competitivas, modernas e internacionalizadas.
España cuenta con 18 entidades asociativas prioritarias, de carácter supraautonómico, que agrupan a un total de 125.000 socios y generan una facturación conjunta de más de 7.300 millones de euros
NUEVAS BASES REGULADORAS PARA EL PERIODO 2023-2027
El Departamento que lidera Luis Planas, dada la eficacia de este régimen, ha diseñado una intervención similar dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común para el periodo 2023-2027 (Pepac).
Las nuevas bases reguladoras, aprobadas el pasado 3 de diciembre por el Consejo de Ministros, permitirán seguir promoviendo la integración de cooperativas agroalimentarias supraautonómicas mediante inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios en el marco del Plan Estratégico de la PAC.
Este plan estratégico contempla la publicación de tres convocatorias en 2025, 2026 y 2027, con un presupuesto total de 100 millones de euros de gasto público, lo que reafirma el compromiso del ministerio con la modernización y competitividad del sector agroalimentario español.