CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un concurrido refugio para migrantes en el sur de México se quedó sin médico. Un programa para brindar apoyo de salud mental a jóvenes LGBTQ+ que huyen de Venezuela fue disuelto. En Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala cerraron las llamadas “Oficinas de Movilidad Segura”, donde los migrantes pueden solicitar autorización para ingresar legalmente a Estados Unidos.
Apenas una semana después del inicio del nuevo gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, su orden de detener la ayuda exterior del país ya tiene efectos profundos en un tema que lo impulsó a la Casa Blanca: la inmigración.
En toda América Latina, organizaciones de base que ayudan a los migrantes han sufrido recortes, el ya peligroso viaje hacia el norte se ha vuelto más confuso, y pende de un hilo el futuro de los programas para erradicar la violencia, la pobreza y las violaciones de los derechos humanos que han impulsado niveles históricos de migración en los últimos años.
Pocas horas antes de asumir el cargo el 20 de enero, Trump ordenó congelar durante 90 días la mayor parte de la asistencia exterior estadounidense desembolsada a través del Departamento de Estado. La decisión detuvo de inmediato miles de programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad que tenían financiamiento de Estados Unidos en todo el mundo, y obligó a las organizaciones de ayuda y a los socios estadounidenses en el terreno a recortar a cientos de trabajadores humanitarios.
Estados Unidos es, por mucho, la mayor fuente de asistencia exterior del mundo, aunque varios países europeos destinan una parte mucho mayor de sus presupuestos. Si bien la ayuda a África eclipsa los aproximadamente 2.000 millones de dólares que recibe América Latina anualmente, el hemisferio occidental ha sido por mucho tiempo una prioridad de gasto para gobiernos demócratas y republicanos.
La región está estrechamente vinculada con Estados Unidos a través del comercio y la migración, al igual que por el flujo de narcóticos. Y la creciente influencia de China y Rusia en los últimos años no ha hecho más que aumentar la importancia estratégica de lo que antes se denominaba, despectivamente, “el patio trasero de Washington”.
Ese vínculo cercano es un mensaje que el secretario de Estado Marco Rubio probablemente reforzará a partir del sábado cuando visite Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana en su primer viaje oficial al exterior.
Albergues, en busca de fondos alternativos
Una de las prioridades de Trump es disuadir a los migrantes de entrar a Estados Unidos ilegalmente, y muchos de los programas de ayuda que quedaron en pausa son financiados a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, la cual proporciona asistencia humanitaria a quienes huyen de persecuciones, crisis o violencia.
Uno de esos beneficiarios es el albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito en la ciudad de Villahermosa, en el sur de México. Desde hace meses, el refugio sobrevive con dificultades para operar, ya que es el único de la ciudad y esta localidad es uno de los principales destinos a donde las autoridades mexicanas regresan a cientos de migrantes para mantenerlos alejados de la frontera con Estados Unidos, tal y como quiere Washington.
La congelación de la ayuda multiplicó los problemas y obligó a la organización benéfica que administra la instalación a despedir a su único médico, así como a un trabajador social y a un psicólogo infantil.
En cuanto se enteró de la orden de Trump, el albergue comenzó a pedir fondos alternativos a autoridades mexicanas para suplir programas administrados por distintas agencias de Naciones Unidas, los cuales también quedaron en pausa o muy reducidos, como el que facilita el retorno de migrantes que quieren regresar a su país. Actualmente, cuatro familias de Honduras, Ecuador y El Salvador están varadas en el centro porque ese retorno no ha sido posible.
“La crisis se va a recrudecer”, lamentó el refugio en un mensaje enviado a la AP. “Los más afectados van a ser la población que atendemos”.
Abuso psicológico, físico y sexual
A unos 2.400 kilómetros (1.500 millas) de Villahermosa, en Bogotá, la capital colombiana, los trabajadores humanitarios también pasan dificultades.
La ciudad es un centro importante para los más de 7 millones de venezolanos que han huido del colapso económico y los abusos del gobierno cada vez más autoritario de Nicolás Maduro. Colombia es también el punto de partida de los más de 800.000 migrantes —la mayoría venezolanos— que en los últimos dos años han emprendido la peligrosa travesía hacia el norte a través del alguna vez impenetrable tapón del Darién, la selva que conecta América del Sur con Centroamérica.
Entre los grupos de migrantes más marginados se encuentran jóvenes LGBTQ+, quienes sufren tasas significativamente más altas de abusos psicológicos, físicos y sexuales. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, campus Berkeley, ha preparado durante el último año un proyecto financiado por Estados Unidos para brindar apoyo en materia de salud mental a los adolescentes LGBTQ+ de Venezuela y de Colombia, desplazados internamente por décadas de conflicto armado.
Leila Younes, una especialista en género libanesa, acababa de llegar a Bogotá para lanzar el proyecto cuando recibió el correo electrónico del Departamento de Estado: el proyecto quedaba suspendido. Tras comunicar la noticia a sus socios locales, regresó de inmediato a su hogar, y ahora el Centro de Derechos Humanos busca urgentemente 300.000 dólares para continuar con la investigación.
“Pasamos un año de preparación con nuestros socios y, de la noche a la mañana, nos dijeron que paráramos”, explicó Younes. “No hubo transición, no hubo tiempo para conseguir otros fondos”.
El primer gobierno de Trump sí financió varios programas
Aunque la Casa Blanca sólo suspendió la asistencia humanitaria durante 90 días a la espera de una revisión adicional, Younes dijo que no se hace ilusiones de que el trabajo —y un proyecto hermano en Polonia para jóvenes ucranianos que huyen de la guerra con Rusia— se reanude. Trump, durante la campaña electoral, criticó repetidamente a los jóvenes transgénero, y ha emitido órdenes radicales que instruyen al gobierno federal a poner fin a las iniciativas en favor de la diversidad, equidad e inclusión.
“Esto no es sólo un recorte de fondos, es parte de un retroceso en los derechos LGBTQI+”, aseguró Younes.
El primer gobierno de Trump financió varios programas de Colombia, Ecuador y Perú para integrar a la diáspora venezolana, así como de Costa Rica para reasentar a los opositores del presidente nicaragüense Daniel Ortega. La ayuda se alineó estrechamente con los objetivos de política exterior del republicano de aislar a los gobiernos antidemocráticos, y ayudó a disuadir a los migrantes de dirigirse a Estados Unidos, indicó Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, un grupo de investigación y análisis sobre migración con sede en Washington.
“Es probable que veamos gran parte de la asistencia extranjera en la región entendida a través de un enfoque migratorio”, señaló Selee. “Eso significa dejar de financiar programas que apoyan a los migrantes en tránsito, pero tal vez aumentar la financiación de las labores para integrar a los migrantes regresados y a quienes ya viven en otros países de la región”.
Lo que es menos probable que se reanude, continuó el investigador, es la ayuda exterior que ataca las causas profundas de la migración, que fue una prioridad, al menos inicial, del gobierno del presidente Joe Biden. Trump también ha suspendido las operaciones de las oficinas que abrió Biden en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, donde los migrantes podían solicitar asilo y tramitar otras vías legales para ingresar a Estados Unidos, en lugar de hacer todo el viaje hasta la frontera.
“La confianza no es algo que puedas encender y apagar”
Tradicionalmente, la financiación estadounidense en América Latina se ha canalizado para apoyar a todo tipo de sectores, desde la nutrición y la salud infantil a reformas jurídicas o la libertad de prensa. Pero con mucho, la mayor parte financia la asistencia en materia de seguridad para combatir a las pandillas, erradicar los cultivos ilegales y fortalecer el Estado de derecho.
Liliana Ayalde, exembajadora estadounidense en Brasil y Paraguay, dijo que las inversiones a largo plazo en el fortalecimiento de la institucionalidad de los países, como los más de 10.000 millones de dólares gastados en el “Plan Colombia” desde el año 2000, suponen un gran ejercicio de buena voluntad, aunque es difícil medir la cantidad de personas que optaron por no migrar a consecuencia de esa asistencia.
“La confianza no es algo que se pueda encender y apagar en una zona de conflicto”, añadió Ayalde, quien comenzó su carrera diplomática en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y ahora es miembro de la junta directiva de dos organizaciones sin fines de lucro que también vieron recortada su financiación. “Los socios no volverán a confiar en Estados Unidos si no se sienten seguros y consideran que estamos involucrados para el largo plazo”.
Eso puede ser una buena noticia para China, el principal adversario de Washington en cuanto a influencia en la región. Mientras América Latina se desvanecía de la agenda de política exterior de Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, Beijing incrementó su presencia gracias a miles de millones de dólares de inversiones en infraestructura y préstamos sin condiciones.
“Botellas de champán se descorchan en este momento en Beijing”, observó Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y quien ha estudiado las tendencias de la ayuda exterior durante años. “Es realmente difícil para Estados Unidos competir con un rival geopolítico cuando nosotros nos estamos desarmando unilateralmente”.
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Goodman reportó desde Miami. Las periodistas de The Associated Press Sonia Pérez en Ciudad de Guatemala y Astrid Suárez en Bogotá colaboraron a este despacho.