SAN JUAN (AP) — El director ejecutivo de una junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico afirmó que es “imposible” que la isla pague los 8.500 millones de dólares que los tenedores de bonos exigen en un juicio por bancarrota que involucra a la compañía eléctrica de la isla.
Robert Mujica Jr. presentó el martes un nuevo plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, y afirmó que el gobierno puede pagar a los acreedores 2.600 millones de dólares. El plan, solicitado por un juez federal que supervisa el caso, no contempla aumentos de tarifas para ayudar a saldar la deuda de la compañía, que supera los 9.000 millones de dólares, y los gastos proyectados son más altos que los del plan fiscal anterior.
La junta sigue en mediación con los acreedores mientras intenta reestructurar la única deuda pendiente que queda desde que Puerto Rico dijo en 2015 que no podía pagar su carga de deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y dos años después declaró la quiebra municipal más grande en la historia de Estados Unidos.
“Esto ha durado demasiado tiempo”, comentó Mujica. “Es importante que salgamos de este lío”.
Los economistas han señalado que el caso no resuelto ha asustado a posibles inversores y ha obstaculizado el desarrollo económico en la isla.
Mujica destacó que los funcionarios no saben aún de dónde obtendrían los fondos para los 2.600 millones de dólares que están ofreciendo, pero advirtió que no deberían provenir de un aumento en las tarifas eléctricas, dado que las facturas de electricidad ya son altas y el estado de la red eléctrica de Puerto Rico es endeble.
“El sistema necesita inversión”, dijo Mujica, añadiendo que todos los ingresos deberían destinarse a fortalecer y mejorar la red. “Los puertorriqueños merecen tener un servicio público que funcione y que sea confiable.”
La isla sufre de cortes de energía constantes que empeoraron después de que el huracán María devastara el tendido eléctrico al impactar Puerto Rico como una tormenta de categoría 4 en septiembre de 2017. Sin embargo, la red ya estaba en malas condiciones debido a la falta de mantenimiento e inversión durante décadas.
Mujica dijo que si el gobierno accediera a las demandas de los tenedores de bonos, que totalizan 12.000 millones de dólares incluyendo intereses, significaría un aumento en la tarifa eléctrica de hasta ocho centavos de dólar, algo que —afirmó— los puertorriqueños no pueden permitirse.
La oferta actual de 2.600 millones de dólares, que representa una reducción del 80% de la deuda de la compañía eléctrica, ha sido aceptada por el 44% de los acreedores y un tercio de todos los tenedores de bonos.
Luma Energy, que supervisa la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, afirma que la red necesita hasta 25.000 millones de dólares en financiamiento federal hasta el año fiscal 2034 para reconstruir y dar mantenimiento al sistema.
De los 17.000 millones de dólares que se esperan en financiamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, sólo se han desembolsado 3.200 millones de dólares, indicó Mujica.
“El sistema en este momento se está deteriorando más rápido de lo que se están realizando las inversiones”, afirmó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.