MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El 40% de los empresarios ven la sobrerregulación como un "problema crítico" a la hora de invertir en España. Así se desprende del informe 'Asfixia empresarial', elaborado por el Instituto Juan de Mariana en colaboración con el Aula José Ramón García, y donde se presenta el "problema de sobrerregulación que enfrenta la economía española".
Una de las principales conclusiones a las que llega el estudio es que cuatro de cada diez empresarios consideran que la sobrerregulación y la burocracia es una de las "cuestiones más críticas a la hora de invertir en España", otorgándole a esta cuestión una importancia similar a la que asignan a los impuestos, de modo que la "presión normativa ya tiene una trascendencia comparable a la presión fiscal".
IMPACTO DEL 3,5% DEL PIB DE LOS OBSTÁCULOS PARA MERCADO ÚNICO
Lo que casa con el hecho de que siete de cada diez empresarios consideran que la carga regulatoria es uno de los factores que más está afectando a los niveles de inversión, los cuales llegaron a finales de 2024 por debajo de las cotas alcanzadas en 2019.
En este contexto, el análisis señala que los obstáculos para el mercado único en Europa tienen un impacto cercano al 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en España, al igual que el coste consecuencia de la "ruptura del mercado nacional" propiciada por la fragmentación normativa autonómica, que también representa el 3,5% del PIB.
"En total, el coste de estos obstáculos para que las empresas puedan operar en la Unión Europea (UE) y dentro de España asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros por hogar", apuntan desde el Instituto.
Otro de los datos que resalta el informe es que el 36% de la actividad económica desarrollada en España se da en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática "excesiva", afectando a 1,9 millones de empresas y a 9,8 millones de trabajadores.
De esta forma, la institución calcula que, al actual ritmo de creación de normas, España perderá 100.000 empleos en la próxima década debido a la acumulación de nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias, lo que asimismo conduce a una mayor litigiosidad, desviando recursos de la economía productiva.
"De hecho, reducir a la mitad los niveles de congestión judicial apreciados en la jurisdicción civil del poder judicial permitiría elevar estructuralmente la inversión privada en unos 1.500 millones de euros", apunta el análisis.
LA CARGA REGULATORIA EN CATALUÑA DUPLICA LA DE MADRID
Por otra parte, el Instituto ha llevado a cabo una comparativa por comunidades autónomas, tras la que ha concluido que la carga regulatoria efectiva en Cataluña duplica a la de Madrid, lo que reduce la renta de la primera Comunidad en 1.141 euros por persona, destruyendo unos 52.400 puestos de trabajo.
Si la comparación se traslada a España con Europa, se desprende que igualar la calidad regulatoria nacional y el aparato burocrático a los niveles observados en Dinamarca permitiría incrementar la renta per cápita en 2.589 euros.
Cabe recordar que los distintos indicadores referidos a la calidad regulatoria en la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) relegan a España a la zona baja de la tabla. En cuanto a las regulaciones verdes, el documento recalca que estas han crecido "con fuerza" en el siglo XXI, con 9.489 instancias de este tipo aprobadas de 2000 a 2022.
"Por cada norma de este tipo aprobada en Francia, España ha puesto en marcha al menos seis disposiciones, pero, sin embargo, la evidencia muestra que una mayor carga regulatoria conduce a peores niveles de protección del medio ambiente", enfatizan. Respecto a la cuestión de igualdad de género, el informe precisa que, de 1996 a 2022, se han aprobado 22.337 regulaciones, más de un 80% de las cuales han sido impulsadas por los gobiernos autonómicos.
Así, según la evidencia disponible, la institución indica que no se aprecia una correlación entre introducir más carga normativa en este ámbito y obtener mejores resultados en los indicadores de referencia dedicados a la cuestión de la igualdad hombre-mujer, "de modo que la clave no es regular más, sino regular menos y regular mejor".
Asimismo, el estudio destaca que España tiene en vigor alrededor de 10.300 regulaciones laborales, de modo que el principal coste de empresa está también sujeto a cotas de "hiperregulación que han contribuido a hacer de España el país con más paro de la UE, con tasas que duplican la media comunitaria".
Por último, el Instituto ha concluido que las obligaciones tributarias "no se quedan a la zaga", puesto que hay más de 200 modelos en vigor y las obligaciones de información son "cada vez más extensas y tienen distintos calendarios de periodicidad".