MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Sin embargo, han destacado que la llegada de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad, a quien consideran una profesional sanitaria "con una trayectoria de un firme compromiso con la sanidad pública", permite abrir una "oportunidad" para afrontar la actual circunstancia de "amenaza" por parte de "multinacionales y fondos de inversión", según un comunicado.
La FADSP ha acusado a este tipo de entidades de ver en el sistema sanitario "una gran oportunidad de negocio" y de contar "con el apoyo de algunos gobiernos autonómicos de derechas", como en el caso de Andalucía, Madrid, Valencia o Galicia, así como de "grandes medios de comunicación que intentan boicotear cualquier medida que suponga frenar y recuperar lo privatizado".
A pesar de ello, ha resaltado que 2024 también ha sido un año de grandes movilizaciones en defensa de este sistema público, que han ido acompañadas de la creación de nuevas Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública en todo el Estado y de alianzas entre organizaciones sociales, sindicales, profesionales en defensa de la sanidad pública, lo que "abre la esperanza" de poder frenar la crisis y la privatización.
El principal problema al que se ha enfrentado el sistema sanitario público, según la organización, ha sido la baja financiación de la Atención Primaria, que se encuentra "muy alejada" del objetivo del 25 por ciento del gasto sanitario (actualmente es del 14 por ciento, frente al 25 por ciento de la Unión Europea), lo que se ha traducido en problemas de personal y recursos, barreras de acceso a los Centros de Salud, crecimiento de las listas de espera (superan los diez días), muestra de signos de obsolescencia con equipos mal dimensionados y abandono de la orientación comunitaria.
Tras ello, ha recordado que Sanidad ya ha elaborado un Plan de Acción de Atención Primaria 2025-2027, que "es necesario aplicar con una gran voluntad política para vencer los previsibles obstáculos y grandes resistencias".
Respecto a la situación de Muface, FADSP considera que "la presión y el chantaje de las aseguradoras, apoyadas por los medios de comunicación y los partidos de derechas, pretenden mantener un modelo obsoleto que genera desigualdad y rompe con el modelo universal y descentralizado del sistema".
Tras ello, ha manifestado que "no es aceptable que el funcionariado, al servicio del Estado, sea atendido por empresas privadas, que quieren mantener su negocio siendo subvencionadas con fondos públicos para cambiar el sistema público a medio plazo".
La atención hospitalaria también ha sido incluida como uno de los principales problemas del sistema, y es que ha sufrido el aislamiento del resto del sistema y de la sociedad; se desaprovechan los recursos instalados y mantiene la doble dedicación de parte del personal médico, que está "sometido" a la presión de las empresas farmacéuticas y tecnológicas, y soporta unas listas de espera cada vez mayores y falseadas, todo ello recibiendo una financiación del 45 por ciento del gasto sanitario, muy por encima del 37 por ciento de la UE.
La federación también ha criticado que el Consejo Interterritorial "siendo un órgano deliberativo sin capacidad para gobernar", y que es usado por algunos responsables autonómicos "como un parlamento donde llevar sus enfrentamientos con el Gobierno", si bien ha reconocido los esfuerzos de Sanidad para mejorar su funcionamiento.
"Las áreas sanitarias siguen sin desarrollarse como espacios para la integración, gestión, participación, trabajo comunitario y relación con Salud Pública y Atención a la Dependencia, y los Centros de Salud siguen sin contar con instrumentos para una gestión autónoma", reza el texto.
Del mismo modo, ha criticado que la salud pública carezca de los recursos para desempeñar sus funciones y siga descoordinada del resto del sistema, todo ello pese a los "riesgos de nuevas pandemias" y del aumento de factores de riesgo social y ambiental.
La financiación es otra cuestión a atender, y es que "el gasto por habitante es un 20 por ciento inferior a la Unión Europea", llegando a existir "grandes diferencias" entre las comunidades autónomas, lo que afecta a la equidad en el derecho a la salud. De hecho, la falta de una financiación adecuada supone que el sistema sólo cubra el dos por ciento de los costes de la atención dental, mientras que la media de la UE es del 35 por ciento.
Esta falta de equidad tiene que ver con la falta de aprobación del Plan Integrado de Salud, que "permitiría garantizar una asignación racional y equitativa de los recursos de acuerdo a las necesidades de la población".
Asimismo, ha tratado la falta de personal y el recambio del mismo, que se encuentra "muy envejecido", razón por la que ha resaltado la necesidad de ampliar las plazas de formación MIR y de otras categorías profesionales, especialmente en Atención Primaria.
En relación a ello se encuentra la "ausencia" de una política de personal "racional", "justa" e "incentivadora", por lo que se favorece la "huida" de los profesionales sanitarios a otros países; todo ello, unido al malestar laboral, a los problemas de calidad o de rendimiento de los centros sanitarios y a la doble dedicación del personal médico, "favorece la corrupción y el bajo rendimiento de los centros públicos".
Si bien España es la "primera potencia europea en ensayos clínicos", la organización ha lamentado que la industria privada la aprovecha para financiar sus investigaciones con dinero y pacientes del sistema público mediante la colaboración público-privada, que ha provocado que las fundaciones hospitalarias estén "penetradas" por el sector privado.
Este "avance" del sector privado se ha producido por la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que permite la privatización de centros y servicios sanitarios, y que progresa en el aseguramiento sanitario, en los conciertos sanitarios o en la externalización de servicios y actividades.
La "presión" de los laboratorios ha provocado que España tenga "uno de los gastos farmacéuticos más elevados de la UE (20 por ciento del gasto frente a un 17 por ciento en la UE)", aunque también tiene que ver la medicalización de la asistencia (en "detrimento" de la promoción o prevención), mientras sigue sin desarrollarse un modelo de autorización y fijación de precios de nuevos medicamentos "racional".
Es por ello por lo que "una parte del personal de la Agencia Española de Medicamentos tiene fuertes conflictos de interés con los laboratorios", y ha lamentado la falta de un organismo público sistema de compra centralizada que reduzca costes con la economía de escala.
La federación ha señalado igualmente que continúan los problemas de desabastecimiento de fármacos, que achaca a la "especulación" de estos laboratorios, lo que "plantea la necesidad de tener una empresa farmacéutica pública que los investigue y fabrique".
Además, ha afirmado que el gasto tecnológico aumenta por la presión de la Unión Europea, los fondos 'Next Generation' y de la "inexistencia" de un organismo público que evalúe su calidad y pertinencia antes de difundirlos por el Sistema.