MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Parque Natural Cabo de Gata Níjar --sin el paraje del Algarrobico-- se instituyó en 1987. Un año después, en 1988, entró en vigor la Ley de Costas, que creó una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar donde no se puede construir. En 1994, la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que estableció que el Algarrobico no era un terreno urbanizable.
Tres años más tarde, en 1997, la Junta publicó tres nuevos planos donde se cambió la clasificación del Algarrobico sin someterlo a exposición pública ni publicar expediente alguno. Así, la Junta aprobó que el suelo del Algarrobico pasase a ser urbanizable en contraposición con lo dispuesto en la Ley 4/89 de Conservación de la Naturaleza.
En 2001, Azafata del Sol S.L. solicitó al Ayuntamiento de Carboneras la licencia de obras para construir el hotel, algo que recibió dos años después, en 2003, exenta del pago en un 99% gracias a una decisión del Ayuntamiento de Carboneras. La construcción comenzó ese mismo año.
Dos años después, en 2005, el Ministerio de Medio Ambiente, con Cristina Narbona, a la cabeza comenzó los trámites para la expropiación del Algarrobico. En 2006, el juzgado nº2 de Almería decidió la paralización cautelar de las obras del hotel. Igual que ahora, el Consejo de Ministros declaró en 2007 la utilidad pública del paraje del Algarrobico para su incorporación al Dominio Público Marítimo Terrestre.
El recorrido judicial del Algarrobico continuó en 2008, cuando una sentencia de la Audiencia Nacional confirmó la legalidad de la orden ministerial que fijó una servidumbre de protección de 100 metros en la zona. Además, la Junta aprobó un nuevo PORN donde los terrenos pasaron de ser una 'zona de especial protección no urbanizable' a un 'área degradada' y el juzgado nº2 de Almería dictó una sentencia en la que obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia de obras del hotel.
La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que en los últimos años se han sucedido varias "decenas" de sentencias en contra del hotel. En 2018, el TS declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido constituían un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016. En 2021, el TSJA se expresó a favor de que Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del hotel.
Ese mismo año, la Junta de Andalucía comenzó a contemplar el derribo del hotel en sus Presupuestos. El crédito inicial aprobado para 2021 destinado a la recuperación del paraje natural se reasignó mediante la transferencia de 1.094.875 euros a atender una variedad de partidas "deficitarias" en la Consejería y a financiar la promoción de productos agroalimentarios a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), entidad instrumental adscrita a la Consejería.
Sin embargo, el TS dictaminó en 2022 que el hotel almeriense no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.
En 2023 y en 2024, Greenpeace pidió en dos ocasiones al TSJA que apercibiese al alcalde de Carboneras con una multa de 700 euros cada 20 días hasta que se produjese el cumplimiento total de la sentencia nº2000/2016, que clasificaba el paraje de El Algarrobico como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras (PGOU).
Greenpeace solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024, que ha concluido con que ahora debe investigar la legalidad de la decisión del TS. La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que todavía no han recibido respuesta del TEDH y que en la actualidad el caso se encuentra inmerso en dos procedimientos de ejecución, dado que no hay una voluntad de cumplir por parte del Ayuntamiento.
En líneas generales, denuncia las tácticas dilatorias que a su juicio ha llevado a cabo el Ayuntamiento para evitar cumplir con las sentencias y la triplicación de los procesos, ya que la promotora del hotel se presenta a algunos tribunales como Azafata, Azafata del Sol o Azafata Inmobiliaria o a varios.