TALLAHASSEE, Florida (AP) — Días después de que el gobernador Ron DeSantis aprobó una iniciativa en materia de inmigración que, asegura, es la más estricta del país, la cúpula republicana de Florida ha nombrado al director de la nueva junta estatal de aplicación de las leyes de inmigración: un arquitecto de los controvertidos traslados de migrantes desde Texas hacia una localidad turística en Massachusetts.
Los legisladores en Florida y otros estados con gobiernos republicanos han promulgado a toda prisa nuevas leyes que ayuden al presidente Donald Trump a cumplir con su promesa de llevar a cabo deportaciones a gran escala.
Los funcionarios de Florida no pierden tiempo en implementar su nueva iniciativa, la cual aumenta las penas por delitos cometidos por inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización legal y destina casi 300 millones de dólares para reforzar la participación estatal y local en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
A continuación, lo que hay que saber sobre cómo Florida está implementando las nuevas leyes.
Nuevas leyes de inmigración de Florida significan penas más severas
Los dos proyectos de ley que aprobaron los legisladores de Florida y que DeSantis promulgó la semana pasada tienen como objetivo maximizar la participación estatal y local en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La iniciativa incrementa las penas para los inmigrantes que se encuentran sin autorización en el país y cometen delitos, incluida la pena de muerte obligatoria para quienes sean declarados culpables de crímenes como asesinato premeditado. La disposición sobre la pena capital causó división entre algunos republicanos y desató críticas de demócratas y defensores de los derechos civiles, quienes argumentaron que aparentemente es una violación a un precedente de la Corte Suprema federal.
Las medidas también crean un nuevo delito estatal, el de ingresar a Florida después de haber llegado al país sin permiso legal. Y, de acuerdo con la nueva iniciativa, los estudiantes de Florida que se encuentren en el país sin autorización no serán elegibles para pagar la matrícula preferencial para residentes del estado en universidades públicas.
¿Quién encabeza las restricciones migratorias en Florida?
DeSantis y los miembros del gabinete de Florida celebraron una reunión de emergencia el lunes para comenzar su trabajo como la junta estatal de aplicación de las leyes de inmigración, un nuevo organismo en virtud del proyecto de ley. La cúpula republicana eligió a Larry Keefe como director ejecutivo de la junta.
Keefe, un exfiscal federal, fue uno de los autores intelectuales de la polémica medida de 2022 de enviar a unos 50 migrantes desde San Antonio, Texas, hasta Martha's Vineyard, con fondos de los contribuyentes, una acción que desató la indignación de los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, provocó una investigación federal y actualmente es objeto de una demanda colectiva.
“Este es el trabajo perfecto”, le dijo Keefe al gobernador y al gabinete después de ser elegido para dirigir la junta. “Haré que se sientan orgullosos”.
¿Florida puede deportar inmigrantes?
Los legisladores de Florida crearon el programa estatal de transporte de migrantes 2022, el cual asignó 12 millones de dólares para financiar las labores de retirar a los inmigrantes del estado.
El mes pasado, DeSantis convocó a los legisladores a una sesión especial sobre inmigración y los instó a expandir drásticamente el programa y asignar 350 millones de dólares adicionales, además de facultar a las autoridades estatales para deportar a inmigrantes fuera del país.
La propuesta de DeSantis detallaba cómo el departamento de correcciones del estado sería el responsable de coordinar “el transporte al país de destino del acusado” y asegurar que “el acusado salga de Estados Unidos”.
Finalmente, los líderes legislativos desestimaron la propuesta de deportación de DeSantis, y en su lugar reconfiguraron el programa de retiro de migrantes para especificar que, “de acuerdo con la ley federal”, sólo las autoridades federales pueden llevar a cabo las expulsiones.
El nuevo paquete legislativo tiene un costo total de 298 millones de dólares, muy por debajo de los 350 millones que solicitó el gobernador únicamente para la expulsión de migrantes del estado.
En su reunión del lunes, DeSantis dijo que quiere que el estado desempeñe un papel activo en la expulsión de inmigrantes no autorizados del país.
“La última vez fue a Martha’s Vineyard. Esta vez tal vez a Guantánamo, Cuba”, declaró DeSantis. “No sé cómo va a resultar. Solo sé que estaremos allí y estaremos en la vanguardia”.
¿Sobre quiénes van las autoridades estatales?
Los líderes estatales han enviado mensajes contradictorios sobre las prioridades policiales en la aplicación de las restricciones migratorias.
El presidente del Senado, el republicano Ben Albritton, dijo la semana pasada a los periodistas que el enfoque está en los criminales y “las malas personas”, tratando de aliviar las preocupaciones de que abuelas o estudiantes que de otro modo cumplen con las leyes pudieran ser blanco de las restricciones.
DeSantis, por su parte, ha pedido un alcance más amplio. A principios de este mes anunció un nuevo acuerdo entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla de Caminos de Florida que expande la facultad de los agentes estatales para interrogar, arrestar y detener inmigrantes.
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Kate Payne es miembro de la iniciativa noticiosa The Associated Press/Report for America Statehouse. Report for America es un programa de servicio nacional que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que ameritan una mayor cobertura.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.